El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado destinar un total de 80 millones de euros para que los madrileños, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de desempleo y, muy especialmente los jóvenes, puedan acceder a la obtención de certificados de profesionalidad que les sirvan de trampolín para acceder al mercado laboral.
El objetivo de la inversión es aumentar la empleabilidad de los trabajadores desempleados, mejorando su cualificación profesional y contribuir de esta manera a la mejora de sus oportunidades de empleo y desarrollo, personal y profesional. Se da así respuesta a dos de los compromisos recogidos en la ‘Estrategia Madrid por el Empleo’, concretamente las medidas 5 y 28, que beneficiarán a más de 20.000 madrileños en 2016.
Los 80 millones aprobados se dividen en dos medidas diferenciadas. La primera, de 50 millones, tiene como beneficiarios prioritarios a los trabajadores en situación de desempleo, aunque también pueden participar en ellas los trabajadores ocupados. Así, los desempleados deben representar, al menos, el 90% del total de alumnos que inicien las acciones formativas que conduzcan a la obtención de certificados de profesionalidad. El número estimado de alumnos que podrían participar en las distintas acciones formativas de esta convocatoria de 2016 podría ascender a 15.500.
La preselección de los alumnos se llevará a cabo desde las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid y recibirán la formación en los centros que estén acreditados para impartir acciones formativas de especialidades de certificados de profesionalidad. Las subvenciones están destinadas a sufragar los gastos derivados de la impartición de la actividad formativa y de la actividad del tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo. Los 50 millones destinados a este tipo de formación suponen un incremento de 15 millones con respecto a la dotación asignada para el año pasado, un 43% más.
Las subvenciones se financiarán con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, y la selección de los centros en los que se impartirá la formación se realizará por concurrencia competitiva. Además, se valorará la calidad de la oferta formativa en función de la experiencia previa del centro de formación.
Como novedades, y dando cumplimiento a la nueva normativa estatal aprobada el año pasado, se va a limitar el pago anticipado (un 60% al comienzo y el 40% al final, pudiendo obtener un 25% antes de comenzar la formación pero con el correspondiente aval). A su vez, para la realización de los cursos que vayan a llevar a cabo los centros no se permite la subcontratación de la formación con la excepción del personal docente.
La Comunidad ha trabajado previamente tanto en la detección de las necesidades formativas del mercado de trabajo, para así adaptarlas mejor al tejido productivo de la región, como en reforzar los mecanismos de control y seguimiento de los cursos.